La Municipalidad de La Cocha desmintió que se hayan producido irregularidades en la aplicación de los planes de obras por cooperativas, y justificó la rescisión del contrato con un grupo de trabajo.

Ayer, LA GACETA dio cuenta de la denuncia presentada ante el Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) por el presidente de la cooperativa "El Sueño", Jorge González. Según consta en la documentación a la que accedió este medio, un problema entre el municipio y los beneficiarios del plan derivó en el apartamiento de la cooperativa, que tenía a su cargo la ejecución de módulos habitacionales, a través del Programa Federal de Mejoramientos de Vivienda "Mejor Vivir".

Puntualmente, González denunció que los derechos de su grupo de trabajo -16 familias- habían sido vulnerados por la Municipalidad de La Cocha. Detalló que la cooperativa había celebrado un contrato para la ejecución de 10 mejoramientos en el barrio Monte Grande. "Sin embargo, estando el contrato en ejecución, el municipio lo rescindió injusta, arbitraria y anticipadamente, aduciendo el incumplimiento de esta cooperativa, acontecimiento que en la práctica jamás se verificó", planteó. Incluso, afirmó ante el Ipcacym que la Municipalidad contaba con el dinero para sostener el proyecto. "No sólo incumplió con la obligación de proveer el dinero para atender los gastos; dinero que, de más está decir, se encontraba en poder del municipio por habérselo girado el Instituto de la Vivienda; sino que simultáneamente omitió proveer los materiales para retomar la construcción, pese a que el abastecimiento le fue requerido en tiempo y en forma mediante expediente", advirtió.

Rendición de cuentas
En representación del municipio, el secretario de Hacienda, Fernando Ferro, replicó los términos del planteo ante el Ipacym y aclaró que no hubo irregularidades ni demoras en los pagos o en el envío de los materiales de trabajo para la ejecución de la obra. Precisamente, según dijo, la Municipalidad cumplió con todos los actos administrativos necesarios para resolver el problema generado.

El inconveniente, aseguró, se generó por diferencias internas en la cooperativa. "Ellos suspendieron el trabajo por problemas entre ellos. Hicimos todo lo posible por solucionar ese conflicto. Ante la imposibilidad de solucionar el conflicto, el Departamento Ejecutivo firmó los actos legales para la rescisión del contrato", señaló.

Ferro, además, explicó que mediante acta acuerdo firmada entre todas las partes se procedió luego de la parálisis de la obra a efectivizar los pagos a la cooperativa. "Se acordó el pago para destrabar la situación con el Instituto de Vivienda y con el Ipacym. Y, una vez concretado el desembolso, algunos cooperativistas nos contaron que las autoridades no les pagaban", añadió.

Según detalló, la Municipalidad recibe los fondos de la Provincia y, de manera conjunta con los técnicos de la cooperativa, efectúa la compra de los materiales. Por eso, el presidente de una cooperativa sólo recibe mensualmente dinero para los salarios de los integrantes (alrededor de $ 17.000, en total).

"No hubo nada extraño. Hicimos los actos suficientes y necesarios, conducentes a resolver la situación. Ellos, por sus problemas y no por razones de fuerza mayor, paralizaron las obras. Una vez que acordamos el pago para destrabar el problema, la Municipalidad cumplió con todos los pasos para romper el vínculo con la cooperativa y poder hacer la obra, con el objetivo de que los beneficiarios de las casas no se perjudiquen", ratificó.

Ferro, finalmente, manifestó que los 10 módulos habitacionales que estaban en manos de la cooperativa "El Sueño" fueron reasignados a otro grupo de trabajo, que culminó las obras sin ningún contratiempo. "Ya se hicieron los mejoramientos habitacionales y fueron entregados", afirmó. En total, remarcó, la inversión en este proyecto fue de $ 210.000. "De todo se rindió cuentas", acotó el funcionario.